EL ESTADO COMO GARANTE DE LA EDUCACIÓN

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La República Dominicana es un estado social y democrático de derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y según el artículo 8 de nuestra constitución es función esencial del estado la protección efectiva de los derechos de las personas, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, siendo la educación la vía más idónea para lograrlo; razón por la que en el artículo 63 de la constitución se establece que toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades.

La educación es un derecho fundamental perteneciente al grupo de los económicos y sociales, el estado debe velar por su efectiva protección conforme  lo establece la Ley 136-03, en su artículo 45  “Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho  a la educación integral de la más alta calidad, orientada hacia el desarrollo de sus potencialidades y de las capacidades que contribuyan a su desarrollo personal, familiar y de la sociedad”.

Como mecanismo de garantía y efectiva protección del derecho a la educación, se crean las disposiciones normativas contenidas en la Ley Orgánica de Educación 66-97, las cuales especifican las responsabilidades de los diferentes actores y se crean los organismos e instituciones necesarias para el logro de los fines de la educación dominicana.

Cabe reconocer la inversión del 4% del producto interno bruto (PIB), en la educación preuniversitaria, con lo que se han implementado reformas importantes en los diferentes niveles del sistema educativo en áreas puntuales como infraestructura, capacitación docente, reforma curricular, nombramiento de personal y programas como Quisqueya Empieza Contigo, Quisqueya  Aprende Contigo, Tengo Derecho Aprender, Jornada Escolar Extendida, entre otros. Es necesario implementar más acciones tendentes a la erradicación del analfabetismo y a la educación de personas con necesidades especiales y con capacidades excepcionales, en fin, a la formación integral de las personas,  para garantizar la calidad de la educación general.

Se aproxima el 10 de abril, fecha en la que la Ley 66-97 cumple veintidós (22) años de promulgada y como nunca es tarde para empezar, la ocasión es propicia para hacer efectivo el cumplimiento de las disposiciones que en  ella se establecen, para esto todos los responsables deben actuar, llámese Consejo Nacional de Educación, Ministerio, directivos y técnicos de todas las instituciones vinculados al quehacer educativo, la Asociación Dominicana de Profesores ADP, las Asociaciones de Padres, Madres y Amigos de la Escuela  APMAE, y las Asociaciones de Colegios Privados, las iglesias, sociedad en general, de manera que se haga realidad el  Respeto al derecho a la Educación.

Es impostergable el fortalecimiento institucional, para el logro de los fines propuestos, en el entendido de que, para que un sistema funcione, se necesita que todos los involucrados desempeñen su rol, siendo necesario   la supervisión efectiva, el acompañamiento, seguimiento y evaluación continua para ir tomando las medidas pertinentes, de conformidad con las normativas vigentes.  El imperio de la ley puede hacer la diferencia en la educación de la Republica Dominicana.

 

Autores:

Eufemia Alcántara Rodríguez

Faustina Báez Mora

Orfelina Romero De los Santos

Susan J. Beltre Fernández

Equipo #3, Sección A, maestrantes de Planificación y Gestión de la Educación,  Universidad Católica Santo Domingo (UCSD)

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1 comentario

  1. Roberto dice

    Muy educativo !!!

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